Las Cortes republicanas asumieron el Poder Judicial para juzgar al Rey
EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1931 LAS CORTES DE LA REPÚBLICA CONDENARON MEDIANTE UNA SENTENCIA A ALFONSO XIII POR UN DELITO DE ALTA TRAICIÓN
1.- Creación de la Comisión de Responsabilidades
2.- Procedimiento contra el Rey Alfonso XIII
3.- La defensa del Conde de Romanones
4.- Las reacciones de Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno
1.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES
En 1931, en un día tan reiterativo en la Historia de España como el 20 de noviembre, las Cortes Españolas dictaron una resolución en forma de sentencia judicial, por la que se enjuiciaba una causa penal contra el rey Alfonso XIII en el exilio. Así decía: “Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue Rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación de orden jurídico de su país y, en consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera de la ley a Don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en el territorio nacional…”
Era un caso evidente de intrusión del Legislativo en el Poder Judicial. El medio utilizado fue la creación de una Comisión de Responsabilidades mediante la ley de 26 de agosto anterior, que convirtió a dicha Comisión en un auténtico tribunal judicial, que contradecía tanto la anterior Constitución de 1876 como la que estaban elaborando ese mismo año. Para impedir que posteriormente ninguna de sus sentencias fuese declarada nula, introdujeron una disposición transitoria en la Carta Magna de 1931 que declaraba el carácter constitucional transitorio de dicha ley. (El mismo ardid fue utilizado un mes antes para aprobar la llamada Ley de Defensa de la República).
La Comisión estaba compuesta por 25 diputados, presididos por Carlos Blanco Pérez. Al margen de ellos, en la Cámara había destacados intelectuales, como Miguel de Unamuno, en representación de la provincia de Salamanca, Gregorio Marañón por la de Zamora, José Ortega y Gasset por la de León, su hermano Eduardo por la de Ciudad Real o Ramón Pérez de Ayala por Asturias.
2.- PROCEDIMIENTO CONTRA EL REY ALFONSO XIII
Lo que iba a ser una exigencia de todas las responsabilidades derivadas del régimen dictatorial, en la práctica, solo sirvió para encausar al rey Alfonso XIII. Previamente, la Comisión de Responsabilidades había aceptado la proposición de Niceto Alcalá Zamora para que su objetivo fuera exclusivamente el procesamiento del monarca, siendo juzgados el resto de acusados por los tribunales ordinarios, “porque tenía una gran fe en la justicia española”, lo que los extremistas rechazaban con dureza. La referida Comisión elaboró un acta de acusación con los hechos que se le imputaban y la envió a la Cámara para su debate.
La principal acusación era la de haber ordenado atacar en la desdichada batalla de Annual, de 9 de agosto de 1921, que costó la vida a más de ocho mil de soldados españoles. Y para no dar explicaciones del desastre ocurrido, provocó un autogolpe de acuerdo con varios generales. Se le acusaba de los delitos de rebelión militar y lesa majestad por atentar contra su propio pueblo. Por ello, la Comisión propuso que se le condenara a las penas de degradación, reclusión perpetua para el caso de que pisara suelo nacional y la incautación de sus bienes. Tan sólo había dos votos particulares, los de los diputados Antonio Royo Villanova y José Centeno González, en las que alegaron la situación constitucional de inviolabilidad e impunidad del Rey durante el tiempo que estuvo en el ejercicio del cargo. Igualmente, que el pueblo ya le había sancionado con la salida del país y, en consecuencia, las penas propuestas ya carecían de sentido, porque no hacían más que ratificar el veredicto popular.
3.- LA DEFENSA DEL CONDE DE ROMANONES
En la sesión de las Cortes, el único que defendió al monarca fue Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, que exhibió un documento inédito que demostraba que el Rey había actuado coaccionado, cuando el 13 de setiembre de 1923 el general Primo de Rivera instauró la Dictadura. Además, arguyó que la ciudadanía estaba conforme porque el país se había convertido en un caos y había que restablecer el orden. Le respondió Ángel Galarza Gago diciendo que difícilmente iban a oponerse los ciudadanos cuando se había impuesto la censura y no podían expresar su opinión. Por otra parte, Romanones y José María Gil Robles esgrimieron el argumento de que en la Constitución española, como todas las de los países occidentales, la persona del Jefe del Estado es inviolable y, por tanto, carente de responsabilidad, ya se tratara de una monarquía o de una república.
En cuanto a la calificación penal que la acusación formulada les merecía a los diputados, una gran parte de éstos manifestaron que la pena de extrañamiento perpetuo o destierro ya había sido impuesta por el pueblo y cumplida por el Rey. Pero, la mayoría mostró su parecer de que aquella huida había sido consentida, preparada y facilitada por el Gobierno provisional de Niceto Alcalá Zamora. Emiliano Iglesias increpó a éste por querer exigir responsabilidades al Rey después de dejarle escapar. Y el aviador Ramón Franco afeó al gobierno que obrara de mala fe frente a la asamblea.
Y respecto a la calificación definitiva, los diputados llegaron a un acuerdo para cambiar los delitos de rebelión y de lesa humanidad por el de alta traición, aplicando al Rey las penas de degradación e incautación de todos los bienes, derechos y acciones que pudieran corresponderle. Los debates que habían comenzado el 19 de noviembre, se alargaron hasta la madrugada del día siguiente, tras lo cual el presidente del Gobierno, Alcalá Zamora, cerró la sesión diciendo: “He cumplido mi deber, como siempre”.
4.- LAS REACCIONES DE ORTEGA Y GASSET Y MIGUEL DE UNAMUNO
La creación de un tribunal de excepción mediante una Comisión especial por las Cortes de la República, asumiendo las funciones del Poder Judicial, supuso una notoria anomalía jurídica y política. En él condenaron al Rey por delitos no recogidos en una ley previa, vulnerando el principio de irretroactividad de las leyes penales, y creando figuras delictivas no existentes en el ordenamiento, como era la alta traición.
Varios diputados considerados intelectuales comprobaban, no sólo en ese caso, sino en todos los órdenes, que no se administraba una justicia justa, sino arbitraria, y se revolvieron contra la República recién instaurada. El 6 de diciembre de 1931, el filósofo José Ortega y Gasset pronunció en el Ateneo de Madrid su famoso discurso Rectificación de la República, en el que dejaba constancia del distanciamiento de ese grupo con el devenir de los debates en las Cortes.
Algo similar sucedió con Miguel de Unamuno, considerado el padre de la República por su oposición al Rey y a la Dictadura. En la Cámara opinó que al pueblo no le interesaba en ese momento la exigencia de responsabilidades al Rey, porque había sido una bandera para alcanzar la República que ya se había conseguido. Y en su conferencia del día 28 de noviembre de 1932 en el Ateneo, también se mostró decepcionado: “No se pudo hacer la revolución constitucionalmente, y tuvieron que recurrir a esa desdichada Ley de Defensa de la República y a toda la secuela de arbitrariedades ministeriales”, señalaba.
En aquel acto comenzó diciendo: “He dicho que me dolía España. Hoy me sigue doliendo, además, su Republica”. Y siguió con una larga lista de lamentaciones: “Después de la República, vino el desencanto, porque no se hizo la revolución. Ahora dicen los políticos que se está haciendo, pero se hace con actos verdaderamente temerarios, como la quema de conventos y la disolución de la Compañía de Jesús y la incautaron de sus bienes”. Así continuó hasta no dejar títere con cabeza.
Ya el 26 de noviembre de 1932, había advertido en el El Heraldo de Madrid: “Siento pánico, porque tengo miedo a estallar y decir cosas, todas las cosas que hay que decir, y pueden producir un estado de alarma, de inquietud pública. De la crisis, de la política, de la opinión pública, del hambre, de todo, en fin, tendré que hablar en mi conferencia del Ateneo ¡Tengo miedo a estallar!”.
(Foto portada. Ortega y Gasset pronuncia en el Ateneo de Madrid su discurso el 6 de diciembre de 1931)
Sentencia de las Cortes recaída sobre el rey Alfonso XIII
Niceto Alcalá-Zamora. Presidente de la República
Gobierno provisional de la República
Cortes constituyentes. Sesión de apertura
Sesión de aprobación de la Constitución de 1931
El rey Alfonso XIII en el exilio
